Mujeres migradas en el sector de los cuidados, necesidades de cualificación y barreras.

mujeres migradas en el sector de los cuidados

Es un hecho que, el número de personas mayores en nuestra sociedad, va en aumento y, derivado del envejecimiento poblacional, cada vez nos encontramos con un número mayor de personas mayores en situación de dependencia.

La mayor parte de las personas mayores dependientes no está institucionalizada, ya que existe una clara preferencia de permanecer en el domicilio o entorno habitual, y de recibir en él la ayuda necesaria. Y buena parte de ellas, vive sola.

Esta realidad hace que las familias recurran cada vez más a servicios privados de cuidado para hacer frente a la atención de sus familiares dependientes.

Demanda del sector privado de personas cuidadoras

 

Las familias se decantan por el sector privado de los cuidados, por varios motivos:

  • La disminución de la capacidad de la red familiar para cuidar
  • La rapidez de las contrataciones particulares, su gran cobertura y flexibilidad, en horarios y funciones.
  • Su menor coste frente a otros cuidados profesionales, a veces en la economía sumergida.
  • La alta ocupación de puestos de trabajo por parte de personas inmigrantes que otras personas no quieren desempeñar.

Estos puntos hacen que sea frecuente encontrarnos con personas inmigrantes al cuidado de personas mayores. En calidad de internas, especialmente en casos de gran dependencia donde se requiere una ayuda permanente, las 24 horas.

Se trata fundamentalmente de mujeres latinoamericanas, contratadas como empleadas del hogar, con condiciones laborales desventajosas y/o en la economía sumergida. Suelen prestar cuidados sin la formación y cualificación necesarias para atender a personas mayores dependientes con características sociosanitarias cada vez más complejas.

En el fondo, subyace un mensaje, de alto calado que tradicionalmente se ha dado por bueno: las mujeres saben cuidar por el mero hecho de ser mujeres.

 

El sector de los cuidados sujeto a regularización pública

 

A partir del año 2006, con la “Ley de Dependencia”, el sector de los cuidados está en transformación y es objeto de una regularización pública avalada por la idea de que la calidad de los servicios sólo puede garantizarse cuando las personas están cualificadas para desempeñar su labor profesional.

Se exige que quienes prestan servicios de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, desde servicios públicos o desde entidades privadas que gestionan servicios públicos, deben acreditar la cualificación profesional correspondiente.

 

Una formación profesional aporta beneficios a ambas partes

 

La profesionalización es altamente favorable tanto para las personas cuidadas como para ellas mismas.

En relación a las personas mayores dependientes, promociona su autonomía en vez de su dependencia, favorece el óptimo estado de su salud física, psíquica y social, posibilita recibir un trato adecuado que evita la sobreprotección, el trato paternalista y la infantilización, etc.

Para las mujeres cuidadoras, una formación adecuada favorece la prevención de lesiones musculo-esqueléticas, varices, otros trastornos circulatorios, riesgos biológicos, accidentes y de agresión, por parte de algunas personas mayores, así como la prevención del “Síndrome de Burnout”, cuyos rasgos fundamentales (cansancio emocional, despersonalización de las personas a las que se atiende y falta de realización profesional), lleva asociados una serie de síntomas que suponen un coste personal y social importante (fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras u otros desórdenes gastrointestinales, abuso de sustancias, aumento de la conducta violenta, comportamientos no saludables, baja autoestima, etc.).

También mejora la calidad relacional con las personas mayores y disminuye el tiempo y la intensidad de la atención a prestar.

 

Retos y dificultades para la obtención del Certificado de Profesionalidad

 

La obtención del certificado de profesionalidad o una titulación equivalente es la llave para evitar estas situaciones. Sin embargo, para muchas de ellas, resulta inviable realizar la formación (vía formal) o superar sin ayuda los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales (vía no formal).

En Grupo SSI vemos necesario que los diferentes agentes implicados (entidades públicas y privadas) trabajen en red y pongan en marcha estrategias concretas para la cualificación de estas personas, que permitan disminuir su irregularidad, desigualdad y/o vulnerabilidad social.

Cualquier paso que se dé tiene que estar adaptado a la realidad de unas mujeres

Es necesario explorar nuevas formas de aprender que les permita adquirir el conocimiento y, en esa línea, Grupo SSI ha dado un primer paso: el proyecto MENTSAD (proyecto financiado,en esta segunda edición, por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, de la Diputación Foral de Bizkaia, y por BBK.)

 

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